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SENTENCIA
Tras la realización de las tres Vistas Preliminares de Córdoba, Salamanca y Barcelona, ayer, día 22 de octubre, se celebró en Madrid el “Tribunal Internacional de Opinión para juzgar las políticas de Deuda Externa” con la finalidad de enjuiciar la responsabilidad del gobierno español, las empresas transnacionales españolas y las instituciones financieras internacionales en relación con los daños causados por la llamada Deuda Externa en los pueblos del sur.
Esta deuda produce perjuicios desde una perspectiva estrictamente económica, empobreciendo a los pueblos; desde una perspectiva de deterioro del medio ambiente y entorno natural, cuyo daño se trasmite a las futuras generaciones; y desde una perspectiva que fractura la convivencia y la organización política, impidiendo un desarrollo democrático de los pueblos y dañando la sociedad con grave perjuicio y sufrimiento de los sectores menos favorecidos.
Sobre estos puntos versaron los debates, las exposiciones de los testigos, peritos, y los argumentos defensivos o justificativos y sobre los mismos, el Jurado ha emitido un veredicto, tras lo cual, este
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN PARA JUZGAR LA DEUDA EXTERNA
Formula, EN NOMBRE DE LOS PUEBLOS QUE SOPORTAN LA DEUDA EXTERNA y de todos los ciudadanos y ciudadanas solidarios con los mismos, esta SENTENCIA que declara probados los siguientes HECHOS:
1. Constatamos que el monto de la denominada “Deuda Externa” se ha ido acrecentando de forma vertiginosa en las últimas décadas y que supone un claro obstáculo para el desarrollo de una vida digna de los pueblos.
2. Constatamos que el pago de la Deuda Externa cobra diariamente la muerte de personas y es una de las mayores causas de la violencia estructural y de la violación sistemática de los Derechos Humanos de la mayor parte de la población mundial.
3. Constatamos que dicha deuda es ILEGITIMA ya que:
Está pagada con creces. Los interés son usureros Se concedió a gobiernos dictatoriales y corruptos sin consultar ni repercutir a sus poblaciones, ya que éstos se destinaron a proyectos improductivos, compra de armamento o se desviaron a cuentas personales en países del Norte y paraísos fiscales. Es utilizada como instrumento de saqueo permanente del Sur y como medio de presión para imponer políticas neoliberales que lo mantiene entrampado en un ciclo de dependencia y de más deuda.
4. Constatamos la existencia de una DEUDA del Norte CONTRAÍDA CON LOS PUEBLOS DEL SUR que es mucho más profunda y que abarca los valores, el desarrollo de las personas y las comunidades y que legitima los sistemas de dominación y sometimiento de los pueblos. El problema de la deuda es un problema de PODER y de injusta distribución de ese poder a escala mundial, nacional, comunitaria y muchas veces, familiar.
5. Constatamos que la deuda del Norte abarca la inmensa DEUDA HISTÓRICA, contraída tras más de quinientos años de saqueo y destrucción, avasallamiento político y cultural, esclavitud y sometimiento perpetuado hasta el presente por un sistema y ordenamiento mundial que ha institucionalizado la inequidad, el robo, la mentira y la impunidad.
6. Constatamos que los países del Norte han generado una DEUDA ECOLÓGICA la cual tiene importantes impactos sociales y medioambientales, impide la soberanía alimentaría, contamina el aire, el agua y el suelo, provoca enfermedades poniendo en peligro de forma grave la salud pública, y supone una transferencia de carga para las generaciones futuras, además de comprometer seriamente la supervivencia del planeta.
7. Constatamos asimismo una DEUDA SOCIAL por la violación sistemática de los DERECHOS HUMANOS incluyendo los derechos a la vida, al trabajo y un salario digno, la seguridad social, la educación, la salud, el acceso a los medios de subsistencia, la alimentación, agua potable, la vivienda, el derecho a no sufrir destierro, derechos al desarrollo y a la paz.
8. Constatamos la existencia de una DEUDA POLÍTICA de vasta dimensión ya que muchos países tienen usurpada sus derechos a la vida, a la soberanía y a la autodeterminación.
9. Constatamos una DEUDA CULTURAL por el trasvase de valores y perversión del lenguaje que convierte a los acreedores en supuestos deudores; el robo y el saqueo en interdependencia y globalización; la humillación y la auto-complacencia en ayuda y cooperación.
10. Constatamos que el gobierno español así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han participado en la comisión de actos internacionalmente ilícitos, dando apoyo a regímenes criminales, dictatoriales y autoritarios cuando están obligados por el derecho internacional a respetar y hacer respetar los derechos humanos.
11. Constatamos que el Gobierno español, así como la Unión Europea en su conjunto, pone serias trabas a la libre circulación de los trabajadores inmigrantes y viola el Convenio de Ginebra para refugiados, mientras imponen al Sur la libre circulación de capitales y mercancías, a través del FMI, la OMC, el BM y la OECD. La inmigración se produce por la causa de las desigualdades económicas entre los p aíses empobrecidos que tienen, sin embargo, que destinar gran parte de sus recursos al pago de la deuda externa. Así, se condena a buena parte de la población mundial a una situación sin salida. Ni en los países emisores de inmigrantes ni en los receptores encuentran una posibilidad para salir de las condiciones de extrema pobreza que afrontan.
12. Constatamos que el gobierno español ha aumentado la partida de los presupuestos generales del Estado destinada a los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) en un 63,5% respecto al último año. Con ello, sigue utilizando mecanismos de supuesta “ayuda” que perpetúan la generación de Deuda Externa y sirven a la internacionalización de la economía española.
13. Constatamos que el gobierno español utiliza el gasto público y mecanismos públicos de apoyo a la exportación como la CESCE (Compañía Estatal de Seguros de Crédito a la Exportación) para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas que comportan impactos ambientales, económicos y sociales muy negativos en los países destinatarios de la Inversión Extranjera Directa española. Así mismo constatamos la total pasividad e indiferencia del gobierno español ante casos de denuncias por la violación de los derechos humanos y procesos judiciales contra empresas transnacionales españolas tales como Repsol-YPF, Endesa, Union Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, BBVA, Grupo Santander, La Caixa, Aguas de Barcelona, Abengoa, FCC, ACS-Dragados, etc.
14. Constatamos que de llevarse a cabo la cancelación de la Deuda Externa del gobierno español al ritmo establecido actualmente, el 4%, necesitaríamos 25 años para alcanzar la cancelación total.
Estos hechos expuestos en el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la Deuda Externa, constituyen una violación grave del Derecho Internacional y sus normas y cuerpos legales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y originarios, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, así como de leyes y normas de carácter nacional e internacional, tales como el Convenio sobre Biodiversidad o el Protocolo de Kioto.
Por ello se condena al Gobierno español, a las instituciones financieras y comerciales internacionales así como a las empresas transnacionales españolas a:
1. Reconocer política y jurídicamente que las mujeres y hombres de los países del Sur son sujetos de derecho. Se debe garantizar satisfactoriamente los derechos de todas las víctimas de la globalización capitalista a la verdad, la justicia y la reparación integral.
2. Ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa. Prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de los ciudadanos o impida la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía alimentaría, educación, salud, vivienda digna, agua potable, soberanía cultural, etc.).
3. Instalar una moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países del estado español con el fin de realizar Auditorias Públicas Integrales y participativas para determinar la ilegitimidad de la deuda exigida.
4. Abolir de forma inmediata e incondicional todas las deudas impagables e ilegítimas. Establecer un calendario de compromisos para adoptar un proceso que muestre la verdad y las responsabilidades políticas y judiciales de aquellas personas y/o instituciones que permitieron, fomentaron e hicieron uso de los créditos ilegítimos. Restituir los daños causados e indemnizar a las víctimas.
5. Reconocer la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos - lo que implica pedir públicamente perdón por los daños y perjuicios causados -, establecer mecanismos para su restitución y aplicar políticas que eviten su generación.
La prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales. La derogación de todas aquellas políticas que fomentan un modelo de producción, transporte y consumo, dependientes de la importación de energías no renovables o la utilización de espacios ambientales fuera de nuestro territorio.
La cancelación de todos los mecanismos de flexibilidad que permitan incumplir los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
6. Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la generación de deudas ecológicas, sociales y políticas.
La creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas.
7. La eliminación de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) como instrumento de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el cierre de la CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y el cese inmediato de sus actividades, así como la no contabilización de la cancelación de la deuda como AOD.
8. La no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva Deuda Externa o de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas.
9. Ejecutar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto público militar. Además del no apoyo a leyes que fomentan la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
10. La incorporación de los puntos expuestos anteriormente en la Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa, actualmente en tramite en el Parlamento español, así como en los Presupuestos Generales del Estado.
11. Promover en el ámbito internacional el no reconocimiento tanto de la deuda externa multilateral como de la privada, y proceder al desmantelamiento de las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.
12. Replantear completamente el concepto de deuda externa para que los países mal llamados deudores sean considerados acreedores y los países generadores de Deuda Ecológica, Social y Política, como el Estado español, sean considerados deudores.
13. Garantizar el derecho a la información y el derecho a informar de los ciudadanos mediante legislaciones que pongan fin a la concentración de medios y favorezcan a la prensa sin animo de lucro.
14. Encaminar todas las políticas públicas y privadas hacia una profunda transformación del sistema económico capitalista.
Ordenamos a todas las autoridades y funcionarios que cumplan y hagan cumplir la presente sentencia contra la que no cabe recurso alguno.
Y así lo declaramos y firmamos en Madrid, a 22 de octubre de 2005.
Firmado, los jueces:
Juana Calfunao (Lonko de la Comunidad Mapuche Juan Paillalef, Comisión Ética contra la Impunidad, Red de Defensores Comunitarios, Chile),
Itziar Ruiz Jiménez (Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid),
Carlos Berzosa (Rector de la Universidad Complutense de Madrid).
Félix Pantoja (Vocal del Consejo General del Poder Judicial).
El Jurado Popular ha fallo de forma unánime que los acusados son culpables de todos los delitos imputados y acusaciones realizadas por la campaña ¿Quién debe a quién?. Este jurado estuve compuesto por Rosa Regás (Directora de la Biblioteca Nacional), Carlos Taibo (Profesor de Ciencia Política en la UAM), Javier Ortiz (Periodista), César Carrillo (Expresidente del sindcato USO de Colombia, exiliado), Eunice Khanyssa Mabyeka (Jurista, Miembro de la Asociación de Estudios Africanos y Panafricanismo), Chini Rueda (Teóloga, Miembro de Católicas por el Derecho a Decidir y del colectivo Somos Iglesia), Gemma Tarafa (Activista contra la Deuda Externa, Observatorio de l a Deuda en la Globalización), Jorge Fonseca (Profesor de economía de la UCM) y Begoña Lalana Alonso (Abogada, miembro de la junta de la Asociación Libre de Abogados).
